Especial para Un Pasquín
Por: Ricardo Sánchez Ángel
Doctor en Historia
Profesor Universidad Nacional
El proyecto presentado por el gobierno para reemplazar la ley 30 en materia de educación superior, consta de un largo y arrevesado articulado. Está bien que haya una nueva ley porque la existente es anacrónica, pero la propuesta de la Ministra con elogios del Presidente Santos es francamente inconveniente, equivocada y debe producir todos los debates, pero hay que declararse en estado de alarma.
El articulado recoge una gran cantidad de medidas de vigilancia y control, con algunas más. Pero, bajo un régimen como el existente que se reproduce en lo fundamental, el Ministerio de Educación y el ICFES han prohijado el desarrollo de entidades privadas de baja calidad, que no cumplen los requisitos y que son soporte político de jefes regionales que apoyan los gobiernos.
Sobre la financiación de la educación pública universitaria el gobierno, la ley que se propone y el Plan de Desarrollo, dicen poco o no dicen nada concreto, cuantificable y garantista. Pero diseñan una perspectiva mercantilista, más de lo mismo. Fortaleciendo la visión tecnoburocrática, privada y mercantil del conjunto de la educación universitaria-superior.
La creación de instituciones de educación superior con ánimo de lucro es un descaro, se lleva de calle la Constitución que define la educación como un servicio público, que pueden prestar los privados pero no para enriquecerse. Es una renuncia a la Luz Dura de lo Público e introduce obscuridades repugnantes. Es la propuesta de que asumamos la educación como una mercancía, la Universidad como una fábrica y un supermercado. En verdad, como si fuera el departamento de “talento humano” de las empresas.
En el caso de la Universidad Pública no es como ligeramente cree el Rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman: “No creo que se esté privatizando, pero si pienso que se le está restando competitividad” (El Tiempo, marzo 16 de 2011).
La Ministra de Educación, María Fernanda Campo, quien sabe de tiendas, supermercados, compra-venta, mercantilismo, no en vano fue Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, dice: “estas alianzas (Empresa-Universidad Pública) deben generar utilidades” y más adelante anuncia la injerencia de los empresarios en los programas de investigación, un recorte a la autonomía de la Universidad. Ante la pregunta de si tendrá injerencia en los órganos de gobierno, dice: “Ninguna. Podrá intervenir solamente en los proyectos acordados” (El Tiempo, marzo 03 de 2011). Es claramente una declaración del retorno de los privados a lo público universitario y académico en calidad de empresarios.
El académico profesor y estudiante, investigador y divulgador no es empresario y no tiene por qué serlo para adelantar su quehacer. El empresario, comerciante o industrial no es académico, así ostente un título, y no debe meter las manos en la investigación. Son actividades de naturaleza distinta, sus alianzas son de colaboración y no de injerencia. Esto es válido para alianzas sociales más amplias que la Universidad está en mora de adelantar en sus tareas de extensión, por ejemplo con organizaciones sindicales, de desempleados, pensionados, viviendistas, indígenas, campesinos, afrodescendientes, cooperativas, en fin el vasto mundo de los excluidos que es el verdadero norte de la Universidad Pública.
Hay que sincerarse: los ricos, representados en el gobierno de Juan Manuel Santos y de la Ministra María Fernanda Campo quieren acabar de desmantelar el carácter público de la Universidad Pública para adecuarla al Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos, 2010-2014, cuyo título es una ironía porque se trata de prosperidad para pocos. La concepción que anima al gobierno Santos es que la Universidad Nacional, y la pública en general, es un gasto y en buena parte inoficioso. Cuando se trata de una inversión cultural y científica a favor de la democracia, el progreso y la Nación. La mayor mercantilización de la Universidad atenta contra el simbolismo de lo público. Este simbolismo es una poderosa fuerza cultural-social, que se proyecta en el carácter nacional de la sociedad colombiana, a pesar de sus deficiencias. Esta reivindicación de lo público en la Universidad, se combina con la necesidad de democratizarla en su funcionamiento y gobierno, en su legitimidad institucional.
Ante la afirmación del Estado de que acude a lo privado porque no tiene recursos para financiar a la Universidad Pública, hay que replicarle que esta es una obligación indelegable, como bien lo ha afirmado el Rector Moisés Wasserman (El Tiempo, marzo 16, 2011). Hay que pagar la deuda social urgente con los 3.2 millones de bachilleres que están por fuera del sistema universitario en los últimos diez años. La plata está en lo que se paga en el servicio de la deuda externa y en el presupuesto para el gasto militar, absolutamente desorbitado e ineficiente. Pero por otro lado, hay fuentes de financiación que pueden proveerle a la Universidad Pública y a la Universidad Nacional en particular importantes recursos, para potenciar su protagonismo en la vida nacional. Por ejemplo, lo que se evapora en la corrupción. Si se sigue un criterio comparativo es una vergüenza la situación del presupuesto asignado a la investigación científica y al sistema público de universidades, frente a lo que se destina en Venezuela, México, Argentina y Brasil, este último país utilizado demagógicamente como fuente de inspiración de esta reformeta.
La educación y la cultura en todos sus niveles, y en este caso, la educación superior universitaria, deben ser un propósito nacional que asuman todas las opiniones políticas, sociales y académicas de la Nación colombiana. El pecado original de este proyecto del gobierno Santos es haberlo cocinado a espaldas de la Universidad, de los académicos, de los estudiantes, del riquísimo mundo de la cultura colombiana. Una camarilla ha sido la que concibió y ahora pretende en un simulacro de discusión darle legitimidad a lo que requiere una gran concertación de iniciativas y propósitos de todos los estamentos no solo de la universidad colombiana, sino de la cultura y la sociedad. Como profesor y como colombiano me declaro indignado y repudio este interés mercantilista del gobierno del Señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos.
